DEBE EXISTIR SANCIÓN ANTE LOS MALOS MANEJOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
El H. Ayuntamiento de Matehuala, solicitó el juicio político en contra de 3 ex funcionarios públicos, ante el Congreso del Estado el pasado viernes 27 de Septiembre al cual se le dio la ratificación el viernes 4 de octubre del presente año, en la Sexagésima Segunda Legislatura de San Luis Potosí, por lo que ya se encuentra en comisiones para que inicie el procedimiento que marca la ley de juicio político del Estado.
Según afirma el Sindico Municipal, Lic. Caleb Rodríguez Ocampo, este juicio se interpuso por el desvío de 16 millones de pesos de recursos federales, para cubrir gastos del Ayuntamiento correspondientes al mes de Diciembre del 2017, sin tener en cuenta los protocolos que la federación solicita en torno al recurso etiquetado, señalamiento que recaen en las dos Sindicas Municipales; Leonor Alejandra Córdova Sánchez y Ma. Elena Castillo Soria, así como al Ex presidente Municipal José Everardo Nava Gómez de la administración 2015-2018, por la responsabilidad patrimonial que tienen con el Ayuntamiento.
El Juicio político en esencia es un “juicio ciudadano”, en este caso como representantes directos del pueblo, son los diputados locales y ellos son los que se erigen como para efecto de sancionar a los servidores públicos de elección popular que han actuado en contra de la naturaleza de sus cargos, explicó el Sindico Municipal.
Se ha tomado la decisión de solicitar éste juicio por parte del Ayuntamiento debido a todas las irregularidades que se han encontrado dentro de Municipio, para que los diputados en calidad de representantes de la población puedan llevar a cabo una sanción en contra del mal funcionamiento y el uso indebido de las funciones que se generaron en la administración pasada, además de que con esto se pretende deslindar responsabilidades a la actual administración.
“Las responsabilidades deben ser asumidas por quienes ejecutaron de manera indebida su cargo público” subrayo el Licenciado Caleb Rodríguez, lo que se espera es que los ciudadanos puedan constatar que el mal manejo de los servicios públicos pueden ser motivo de sanción.
